jueves, 7 de julio de 2011

El aparato privatizador avanza

Situacion de Electricaribe con los Usuarios
El 1 de agosto de este año, a las 5 y 30 de la mañana, Haydee Romero sintió unos ruidos extraños afuera de su casa, ubicada en la manzana 53 de la sexta etapa del popular barrio Nuevo Bosque. Salió a ver qué ocurría y, para su sorpresa, se topó con unos hombres con uniformes de Electricaribe que, en terrenos de su propiedad y sin que nadie les hubiese concedido permiso, habían desmontado el contador de la energía de la residencia e instalaban lo que era, según dijeron después, un sistema moderno basado en una especie de chip con pantalla contabilizadora.
Al inquirirlos sobre su proceder, los hombres le informaron de qué se trataba y señalaron que estaban haciendo lo mismo en todo el sector. No contenta con la explicación, el ama de casa averiguó en otras partes y se encontró con que tenían el mismo sistema instalado. Varios vecinos inconformes, como ella, se dispusieron a dialogar con los presidentes de las cinco Juntas de Acción Comunal que comprenden las cinco etapas de este barrio de la ciudad. Contando aquí, preguntando allá, se constató que fueron un total de 108 viviendas en las que se instalaron estos chips medidores de redes sin ningún tipo de socialización previa, tal y como manifestaron en aquella fecha los disgustados habitantes.
Sin socialización
“Nos habían dicho que iban simplemente a cambiar las redes viejas por unas trenzadas sin que haya tantos cableríos que ponen en peligro a los habitantes, pero jamás los de Electricaribe nos informaron sobre la colocación de chips. Nos disgustó que no hubiesen socializado el proyecto”, expresó Mara Lozano, habitante del barrio, quien lideró luego junto a otros vecinos un bloqueo en el Corredor de Carga para evitar lo que para ellos era un atropello que iba a causarles muchos problemas.
Posteriormente, líderes del barrio y habitantes del sector se reunieron con funcionarios de la empresa y miembros de la Unión Sindical Obrera para tratar el tema, y todo –según relataron voceros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del barrio- terminó en una acalorada discusión “...porque entre otras cosas, un funcionario de Electricaribe dijo que el proyecto iba por que iba, así fuera por encima de nosotros”, según dijo Miguel Licano, vocero de la 5º etapa del comité de Infraestructura del Nuevo Bosque.
El gerente de Electricaribe, Antonio Rodríguez, salió a la luz pública días después del bloqueo, en el cual hubo llantas y troncos quemados, y expresó que la empresa iba a implementar estos chips para evitar los fraudes del servicio de energía que le hacen perder a la empresa un 30% de su inversión, y porque además con las redes trenzadas se podrían frenar las varias muertes que cada año ocurren por cables mal puestos “o por las inescrupulosas acciones de quienes intentar hurtar energía sin ver el peligro que eso pudiera ocasionarles”.   
“El proyecto busca mejorar la infraestructura tecnológica de Cartagena. En eso estamos atrasados más de una década. Medellín, por ejemplo, tiene este sistema desde hace unos 10 años con buenos resultados. Además es utilizado en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y en diferentes empresas del sector en el ámbito internacional. La red trenzada también es conocida como ‘red inteligente’ porque es de última tecnología: mejora el entorno (no se ve el enredo de cables), es menos contaminante, de mayor calidad y confiabilidad, y controla las pérdidas energéticas. Si la gente piensa que se le van a incrementar los costos, no es así. Esta inversión es grande pero corre por cuenta de Electricaribe, no de los usuarios”, aseguró a la opinión pública el gerente de Electricaribe.
Sistema de redes antiguo que es el que aún se encuentra en toda la ciudad.
Nuevo sistema de redes trenzadas
Tal explicación debió dejar satisfechos a ciudadanos inconformes, sobre todo porque, además, otros funcionarios de la empresa de energía les aseguraron a varios representantes de la comunidad que los medidores no iban a funcionar inmediatamente. “Van a entrar en una etapa experimental”, les manifestaron.  
Con tales explicaciones, la mayoría de los vecinos del Nuevo Bosque se sintieron tranquilos y el barrio pasó unos días en calma. No ocurrió lo mismo con los dignatarios de varias de las JAC,  quienes por experiencia sabían que ese tipo de cambios por parte de empresas como Electricaribe solía producir efectos laterales y, al final, de alguna manera iban a resultar perjudicados. El tiempo, lamentablemente para los comunales, terminó dándoles la razón. Y la primera prueba de ello salió a la luz el 15 de septiembre.
Consumo excesivo en facturas
Medidor instalado en la vivienda de Haydee Romero.  
Estaba haciendo oficios en mi casa cuando a eso del mediodía me llega a la puerta la factura de la luz. No sé cómo no me desmayé cuando vi la cifra en la factura: 333 mil pesos”, señaló Haydee Romero, “jamás en mi vida había pagado siquiera la mitad de lo que allí decía.”
Haydee saca facturas recientes y ninguna pasa de los 86 mil pesos. Angustiada, se preguntaba a sí mismo: ¿por qué en agosto el consumo había sido de 271 kwh (kilovatio hora, abreviado kwh;  unidad de energía), y apenas 30 días después, en septiembre, se había cuadruplicado, alcanzando los 934 kwh, si seguía teniendo el mismo consumo?
“Averigüé con los vecinos y en varias casas el chip estaba sin funcionar. No podía ser que yo fuera la única perjudicada. Pronto empecé a ver gente quejándose con facturas de hasta 400 mil pesos. Era inconcebible. La mayoría de los habitantes de este barrio ganan el salario mínimo. Imagínese: en una sola factura se va todo el sueldo”, decía Haydee con un tono desesperado e impotente.
Luego de superar el impacto que les produjo la desagradable sorpresa, Haydee remitió una carta a Electricaribe pidiendo que se le aclarara la situación. La empresa les respondió, cinco días después, aduciendo que una posible falla de energía pudo haber disparado el medidor, pero que para hacer un reclamo formal debía cancelar primero la factura. Haydee, haciendo de tripas corazón, pagó los 333.700 pesos y presenta un reclamo formal, y la empresa le responde que el cliente “estará obligado al cambio del equipo de medida, así como de las redes, transformador y demás elementos de su propiedad (…) cuando existan nuevos desarrollos tecnológicos”.
La información se difunde y las molestias se propagan. No entendían los habitantes del Nuevo Bosque cómo era posible que estos desarrollos tecnológicos les fueran cobrados cuando ellos no querían cambiar nada. Haydee y el resto de los miembros de las demás 107 familias a cuyas viviendas les habían instalado los nuevos medidores no lograban tampoco comprender por qué estaban funcionando los chips si presuntamente iban a entrar en una etapa experimental.
Debido a esas inquietudes, líderes del sector adelantaron una encuesta escrita entre los habitantes del barrio, la cual arrojó que, en su gran mayoría, están en desacuerdo con el proyecto porque consideran que las nuevas medidas de funcionamiento que adelanta Electricaribe son lesivas para la comunidad.
Habitantes del barrio, por otro lado, afirman que el cambio en las redes permitirá que los cortes del servicio y las diferentes reparaciones se hagan desde una central en Barranquilla, por lo que “muchos trabajadores de Electricaribe, algunos de ellos residentes en el sector, se quedarían sin trabajo”.
De acuerdo con informes de la empresa, también se hará necesario el reemplazo de las estructuras o postes, cables y los elementos de protección existentes en el sistema, tales como cortacircuitos, pararrayos y sistemas de puesta a tierra, para optimizar la calidad del servicio. En este punto –enfatizan los quejosos- es que se prevé una mayor detrimento para el usuario, “quien en últimas terminará pagando todo”.
Y lo grave, según se pudo determinar, es que los trabajos ya están listos para adelantarse en similar forma en los barrios La Campiña, El Campestre, Barrio Chino y El Bosque.
Haydee empezó una lucha legal por lo que ella dice ser una violación de sus derechos, y solicitó el respaldo de la Personería Distrital, la cual se comprometió a estudiar e investigar su caso y el de decenas de familias más que manifiestan sentirse ultrajadas por Electricaribe. El ministerio público ya empezó a analizar la situación y, en principio, ha encontrado que en la Ley 142 de 1994, que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios en todo el país, establece con claridad que cuando haya desviación de consumo por cualquier circunstancia, la empresa debe abstenerse de facturar el consumo hasta tanto no haya adelantado una investigación que permita establecer  las causas del alto consumo registrado por el medidor. Y esta acción, según ya han constatado en la misma Personería, jamás se ejecutó con Haydee Romero ni con ninguno de los habitantes del Nuevo Bosque.
Un experto en energía eléctrica, Ramiro Cáceres, dice que en una casa donde hay los electrodomésticos normales como los de Haydee: una nevera, dos televisores, un horno microondas, un equipo de sonido y una lavadora, jamás podría medir el contador más de 500 kwh. “Y cuando hablo de 500, me refiero a personas que usan muchos sus electrodomésticos”. (…) “Están cobrándoles más allá de su consumo individual”, remata.
Yendo un poco más allá, Manuel Vergara, delegado de la Personería Distrital, manifiesta que en su escritorio reposan más de 600 quejas contra Electricaribe, de cartageneros de todos los barrios de la ciudad. “Hay unas quejas un poco exageradas, otras muy reales, pero hay algo cierto y es que Electricaribe está pasándose por encima cualquier normatividad sobre el consumo. Están haciendo algo que se llama consumo distributivo, que es algo más o menos así: si en una manzana hay cinco casas y esas cinco, según el criterio de la empresa, deben sumar 600 kwh, pero a la empresa le aparece sólo 500 kwh, ¿qué hacen?, pues distribuyen los 100 restantes entre todas las casas. Según la empresa, si hay un fraude, los tienen que pagar todos (…)”. “Y eso es ilegal”, señala el funcionario. “La Personera presentará un completo informe al Concejo Distrital demostrando que hay fallas contundentes en el servicio de energía en la ciudad”.
Una factura de casi 700 mil pesos en un barrio estrato 2
Dicen los habitantes de Nuevo Bosque que con el valor de esta factura, se pueden pagar 9 recibos de luz normalmente.
Francisca Flórez llegó a su casa y casi se desmaya cuando vio la cifra que aparecía en la factura de energía del mes de octubre: 686.540 pesos. Mucho ms de lo que pagan en residencias ubicadas en estratos 5 y 6 de la ciudad. “No podía creerlo. Era el colmo que me cobraran una cantidad de impuestos y cuotas de una cantidad de servicios que yo nunca solicité”, expresó indignada Francisca. “Yo antes, por cobardía, no hacía nada, pero ya no más. Esto me parece una injusticia”.
Manuel Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Séptima Etapa del Nuevo Bosque, dice que la implementación de este proyecto implica el cambio de medidores y redes en el barrio, lo cual representa un gasto que “no estamos dispuestos a asumir, porque afecta nuestro bolsillo”. El líder comunal teme que con todas estas modificaciones se incrementen las sanciones para quienes no paguen oportunamente la factura de energía.
“Quieren tratarnos como conejillos de indias para ver cómo les va con este desarrollo tecnológico que están implementando. Ya tienen el contrato encima y tienen que seguirlo y los damnificados somos nosotros. Es hora de que la alcaldesa tome acciones y vea nuestro caso. Queremos que venga al barrio y nos escuche”, dice en voz alta Mara Lozano, otra habitante del Nuevo Bosque, buscando movilizar a los demás habitantes de un sector de la ciudad que, en la voz de sus mismos habitantes, está dividido por etapas “y eso ha hecho que no exista unión entre todos para poder solucionar problemas tan graves como éste".
“Se paga mucho y el servicio no es bueno”

En el Mirador del Nuevo Bosque se las tuvieron que arreglar, durante más de 72 horas, para que sus electrodomésticos funcionaran y no tuvieran que pasar todas las noches con velas prendidas. Con ayuda de los vecinos, Luisa González y otros habitantes del sector se surtieron del servicio de energía con extensiones eléctricas mientras Electricaribe superaba la emergencia ocasionada por  un incendio en un poste de energía.
“En la comunidad estamos muy inconformes porque el servicio por el que pagamos no es el mejor; no se justifica que ante una situación tan seria, la reacción de Electricaribe se lleve más de un día”, afirma Efrén Herrera, líder de la Junta de Acción Comunal.
Herrera agrega que ésta no es la primera vez que la comunidad tiene una emergencia y la empresa no acude al llamado a tiempo.
En otros sectores de la ciudad también han mostrado su inconformidad por la “intervención lenta” de los funcionarios de Electricaribe cuando se presenta un daño.
Algunos de los quejosos recuerdan con insistencia algunos hechos fatales y no dejan de señalar las tarifas que pagan.
Sobre estas quejas, el gerente de Electricaribe señala que para Cartagena han sido asignadas seis cuadrillas que atienden las necesidades de las tres zonas en están divididas.
“Cuando una persona hace el reporte al 115 se genera de manera inmediata una orden de intervención a una cuadrilla. El problema es que se generan muchas órdenes al mismo tiempo”, dice Rodríguez.
 Aumentan las quejas; el orden público en peligro. ¿Quién responde?
El vocal control de servicios públicos, Eduardo Ugarriza Fontalvo, sostiene que el principal problema en este asunto es la falta de autoridad en la administración distrital. “A final de cuentas, Electricaribe es una empresa comercializadora, necesita generar dinero”, señala el líder cívico, “quien vela por los intereses de la gente es la Alcaldía de Cartagena y es la que tiene la obligación de no permitir atropellos de estas empresas, si realmente se logra verificar que se están produciendo”. Aclara que la Ley 142 de 1994 también les exige a las empresas ofrecer un buen servicio, con calidad, “por eso pienso que estos medidores con display deben, por el contrario, controlar el consumo para que la gente no pague tanto. Hay que verificar qué es lo que está fallando”.
Haydee recibió su segunda factura desde que cambiaron las redes y le instalaron un nuevo medidor. La cifra vuelve a estar por encima de los 300 mil pesos.  Manifiesta que va a llegar hasta las últimas consecuencias para no seguir viéndose, según ella, ultrajada por Electricaribe. Así lo dicen también, y en voz alta, decenas de personas más cuyas facturas superan los cuatrocientos mil pesos. Mientras tanto, el vocero de la 5º etapa, Miguel Licano, dice que lo más preocupante es que el orden público se va a ver en riesgo “ya que la gente se está uniendo y va a llegar a un punto en que el caos estalle, porque si algo es cierto, más allá de quién tiene la razón, es que cientos de habitantes del Nuevo Bosque están dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitar que Electricaribe siga llevando a cabo las obras de modernización de las redes eléctricas en este popular barrio de Cartagena mientras se siga perjudicando a la comunidad”.

viernes, 17 de junio de 2011

Cartilla sobre los Servicios Públicos

PLATAFORMA POLITICA DE LA COORDINADORA DE LA ENERGIA

La arremetida Neoliberal en los servicios Públicos está representada hoy, en el saqueo de las regiones a través de los  Carteles de la energía y del Agua
La crisis capitalista y sus consecuencias en Latinoamérica.
La crisis capitalista, continúa expandiéndose como en  la gran depresión de los años 30. La década del  noventa, vio un transitorio y aparente   fortalecimiento de este modelo neoliberal de acumulación capitalista, pero hoy este modelo sobrevive a su crisis  con la ayuda de gigantescas inyecciones de capital desde los ahorros y presupuestos públicos; con medidas de ajuste a nivel global  que representan un nuevo ataque a las ya precarias condiciones de vida de la población trabajadora y empobrecida.
 La búsqueda incesante de mayores, rápidas y fáciles  ganancias para salir de la crisis capitalista, hacen de Latinoamérica un escenario de conquista y pillaje para las multinacionales, de la mano de las lumpen-burguesías mal llamadas oligarquías nacionales.
El discurso de la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en boga por parte de los gobiernos de turno es un intento por crear un consenso mediático para legitimar el saqueo; se constituye  en sofisma encubridor   frente a los procesos de  privatización  entendidos como entrega de recursos naturales, ciudades-mercancía, patrimonio y presupuestos  públicos a inversionistas de todos los pelambres.

Hoy podemos afirmar que no alcanza el discurso “por la defensa de las empresas públicas” porque su naturaleza jurídica poco importa a la clase capitalista, la “Empresa” pública o privada igual produce ganancias y facilita el desarrollo estratégico de los  negocios.
Tal es el caso de EPM, modelo de Empresa pública  quien a pesar de obtener  ganancias de un billón 700.000 millones en el 2009, arrebatados  al pueblo, mantiene a mas de 200.000 desconectados y 60.000 usuarios con medidores prepago.EPM hace parte y contribuye a consolidar estratégicamente el CARTEL DE LA ENERGIA, fortín de las  multinacionales, Cartel que  controla el Mercado Mayorista y la generación eléctrica en el país.
 Las constituciones neoliberales latinoamericanas modeladas en los 80´s y los 90´s por el Banco Mundial   garantizan que se constituyan estas mafias o carteles, promoviendo la concentración y centralización de las actividades más rentables del capitalismo. Organizaciones como  la ARIAE (Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía) Y ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Agua para las Américas)  crearon  estrategias de promoción de  la inversión privada en los servicios públicos,  diseñaron  modelos, leyes, normas y formulas tarifarias,  para controlar las fuentes de energía y agua. Aunque las multinacionales  no tienen patria, como  capital globalizado, España como en el siglo XVI, está a la cabeza de este proceso; no solamente en cuanto a inversión y regulación sino en la formación profesional de “cuadros técnicos” (en realidad cuadros políticos) para la nueva fase de acumulación capitalista.
Pero también del lado popular, avanzan las resistencias. El movimiento social Boliviano, dio ejemplo con su guerra del agua;   El sur y centro de México es un escenario de lucha y campo de batalla donde el pueblo ha logrado conquistar el derecho al servicio de energía, a pesar de la represión, el cerco del gobierno y de sus paramilitares.
El Cauca en Colombia también se atrevió a desafiar el CARTEL DE LA ENERGÍA, creado a partir de la Constitución neoliberal de 1991.


Miles de los mal llamados  “clientes” reclaman hoy  por el derecho a disfrutar la energía y las comunidades han decidido que no pagarán las altísimas facturas expedidas por la electrificadora, que no entregarán un peso para alimentar el negocio del CARTEL DE LA ENERGÍA. Pero también se han organizado comunitariamente para no permitir el corte del servicio.
La comunidad de los sectores populares principalmente, ha venido  comprendiendo que solo recuperando nuestras fuentes de generación de energía, expropiadas por las leyes neoliberales de los últimos,  gobiernos podremos aspirar a mejorar las condiciones de vida y abrir el camino para la superación del capitalismo.
 Esta lucha que empezó como una reclamación por las tarifas continuará avanzando hasta la recuperación de todos los derechos fundamentales, como salud, educación y  entre ellos la recuperación del control del territorio y del agua.
EL CARTEL  DE  LA  ENERGIA  Y  EL SAQUEO POR  PARTE  DE  LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS  A  LAS  REGIONES.
De la mano de la constitución de 1991, se estableció en primer lugar que los servicio de energía y agua  se prestarían  a titulo oneroso, es decir todo el mundo tendría que pagar  –con lo cual  los colegios, escuelas, hospitales públicos e inclusive los salones comunales y polideportivos están obligados a pagar servicios públicos- y en segundo lugar se crearon  las condiciones políticas y desde luego jurídicas para que los  inversionistas, entre ellos el  español  entrara pisando duro al mercado mayorista y  la bolsa de la energía. Esta figura inspirada en las doctrinas neoliberales de los chicago Boys chilenos a finales de los setentas, aplicada por los gobiernos latinoamericanos, garantiza la centralización y la concentración de  toda la generación de electricidad de las regiones del país en pocas manos.
Hacia delante mediante la política  de subastas de cargos por confiabilidad, (un subsidio al inversionista pagado por los usuarios con tarifas altas[1])  se le facilitará a las multinacionales especialmente españolas  -Fenosa y Emgesa - construir hidroeléctricas. Recordemos que ya en los noventa habían comprado gran parte de la infraestructura existente precios de remate.
Papel importante y central  cumple en esta tarea la ARIAE (Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía) creada y promovida por el Banco Mundial y España[2].
Mediante la política organizadora de la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) es decir la ARIAE-Colombiana, en el año de 1995  se creó el Mercado Mayorista de energía, con sede  en Medellín. Casi toda la energía que se produce en el país se transa a través de este mercado, que opera como una bolsa de valores, permitiendo la compra y venta de energía a futuros, a precios internacionales, en dólares  como ocurre con el petróleo. Significa esto que la energía que pagamos los usuarios tiene un precio que nada tiene que ver con los costos de producción y más bien depende de las expectativas de ganancias futuras en dólares o euros de las multinacionales, en este caso españolas, es lo que llamamos el CARTEL DE LA ENERGIA, quien en realidad controlan política, financiera y logísticamente la energía del país.
Ningún departamento o municipio en Colombia (como ocurre en casi toda Latinoamérica), puede utilizar la energía que produce en su región y en cambio se ve obligado por las leyes del gobierno nacional a comprar la electricidad que requiera en Medellín, a través del Mercado Mayorista (MEM) y la Bolsa de Energía.  


ELEMENTOS POLITICOS Y ACUERDOS MINIMOS EN LA LUCHA POR EL DERECHO A LOS  SERVICIOS PUBLICOS.
Los elementos políticos principales de la lucha por el derecho a los servicios públicos se podrían resumir en:
·        Plantearnos el problema desde la perspectiva de la crisis capitalista en marcha, entendida como una crisis política, financiera, energética y hegemónica, que recurrirá al pueblo para solucionar  su encrucijada, con lo cual debemos esperar que se vuelva más critica la situación de los sectores populares, especialmente en sus condiciones de vida :  perdida de las posibilidades de empleo, empobrecimiento y desplazamiento urbano con procesos de reestratificación , persecución a los vendedores ambulantes, mototaxistas, empeoramiento del problema de la vivienda,  profundización de la privatización y saqueo  de los servicios públicos con atropellos , abusos y elevación de  las tarifas.
·        Debemos organizar nuestra lucha en torno a propuestas que incluyan la mayor parte de la problemática social, que incluyan ojalá la totalidad de los sectores, de tal suerte que nos permita desde el principio darle una articulación con los demás procesos de resistencia municipal, departamental, regional y nacional.
·        Nuestras propuestas deben crear organización extra-institucional- organización directa de la comunidad- , con políticas populares que ataquen la esencia del problema, tal como la lucha contra el CARTEL DE LA ENERGIA, que confronta directamente al negocio.
·        No dejarnos confundir cuando hablamos de defender lo público, porque el capitalismo ya ha incorporado y resignificado nuestras consignas, las ha reelaborado y ha creado nuevas  estrategias y variantes para mantener lo estatal, mientras garantiza la continuidad del negocio.
·        Se debe abrir el debate frente a la defensa de las Empresas públicas Vs entidades públicas, las primeras son empresas capitalistas que buscan generar ganancias a costa de los derechos del pueblo. El argumento de los gobiernos es que estas utilidades se revertirán finalmente en inversión pública en obras, por ejemplo.
·        Se debe mantener la organización comunitaria en el manejo de los servicios públicos como ocurre con los acueductos comunitarios que se  resisten a la constitución del Cartel del Agua, a través de la conformación de verdaderas organizaciones populares con autonomía política frente al gobierno y las empresas de servicio públicos. No se puede permitir que los acueductos comunitarios adopten la forma empresarial y la sigla ESP, porque se empezará a perder la batalla y por lo tanto es tarea urgente  revertir estos procesos.
·        Es urgente crear formas de resistencia que permitan acceder a los derechos fundamentales, creando mecanismos jurídicos y sobretodo comunitarios como  las alarmas, los pitos, los pasacalles, los comités de reacción por cuadras o barrios en las ciudades y por veredas en el campo. Aunque en principio esta estrategia es válida para la energía y el agua, sería importante  que estas mismas  figuras se ampliaran a la lucha por el espacio público o la atención en salud.

LA RESISTENCIA CIVIL FRENTE A LAS ELEVADAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
La lucha por las tarifas justas ha sido manejada por  los diferentes  gobiernos con estrategias como la instalación de  mesas de  negociación sectoriales y alivios transitorios mientras baja la marea. Una vez que las aguas se han calmado, de una forma sutil o a veces descaradas, las vuelven a subir.

Revisando estas experiencias acumuladas y entendiendo que la política neoliberal de servicios públicos es la misma en casi toda  Latinoamérica, hemos recogido las experiencias acumuladas del movimiento popular en  México y Bolivia, sin caer  en esquematismos ni copia mecánica de los procesos, teniendo en cuenta nuestras particularidades políticas y sociales.
Atrevernos a discutir y cuestionar el negocio del CARTEL DE LA ENERGIA es un paso gigantesco en el camino de la conquista del derecho a la energía.
Desde hace muchos años, los sectores populares vienen haciendo una resistencia silenciosa, la mas de las  veces, de forma individual, no pagando y reconectando el servicio de energía y acueducto cuando le son suspendidos por las empresas. La RESISTENCIA CIVIL retoma estos esfuerzos y practicas populares para organizarlas y articularlas en un movimiento con unos objetivos abarcadores de largo aliento.
Se trata de construir una política popular que nos permita por un lado acceder a la energía y el agua, impidiendo la suspensión, utilizando medios jurídicos y de organización de la comunidad.
Esta política nos debe permitir cuestionar en el Cauca, por ejemplo, porque la toda energía es saqueada en nuestras narices por el CARTEL DE LA ENERGÍA, obligándonos a comprarla en el mercado Mayorista a precios especulativos propios de un mercado monopolista.
También nos debe permitir cuestionarnos el hecho que los sectores populares Caucanos debemos reprimirnos y contenernos al utilizar la energía, por ejemplo para cocinar. Esta situación es aberrante si tenemos en cuenta que para estos sectores es muy oneroso tener que pagar el recibo de la energía y a la vez el del servicio de gas.
En el sector rural, las comunidades campesinas e indígenas continúan utilizando en su mayoría leña para cocinar a pesar de disponer de energía eléctrica en sus casas, con lo cual se contradice toda la retórica oficial de los proyectos de electrificación para la conservación de ecosistema del macizo colombiano.
Justamente la política popular  de la RESISTENCIA CIVIL debe señalar el camino para cambiar esta situación; mejorar nuestras condiciones de vida utilizando la energía eléctrica como recurso básico en la cocción y conservación de nuestros alimentos y reivindicar su conexión con la salud (superar la angustia por el pago de las altas facturas) , el derecho a la información (utilización del radio y la televisión)  y  a la educación (tener luz para que nuestros niños puedan hacer sus tareas, etc.) como derechos fundamentales.
A nivel rural, es urgente reclamar la utilización amplia de la energía eléctrica a precios mínimos,  como política para una conservación real -y no como demagogia estatal del medio ambiente-, para no tocar nuestros bosques.
Atrevernos a no pagar, pero tampoco permitir la suspensión del servicio es en principio conquistar el derecho al servicio de energía, es avanzar en el camino por el control comunitario de nuestras fuentes de producción y distribución de electricidad.
En las comunidades rurales especialmente las comunidades indígenas es mucho más viable la RESISTENCIA CIVIL, recordemos que sus territorios colectivos son inembargables.



[1] Hasta 2006 se llamaba cargo por capacidad .Mediante este mecanismo se le entregaron en diez años U.S. 5.000 millones  en subsidios directos al cartel de la generación.
[2] De la  justificación de  la ayuda a Colombia por parte de las agencias de colaboración  españolas y sus ONGs, por ejemplo a través de los Laboratorios de Paz.

viernes, 29 de abril de 2011

Cabildo Abierto y Popular por los servicios públicos

COMUNICADO DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

La lucha por el derecho a los Servicios Públicos continúa ahora con más entusiasmo y  se fortalece con la participación desde las diferentes comunidades del departamento del Cauca.

La primera convocatoria abierta y departamental por el derecho a la energía, al agua y demás servicios públicas tuvo una importante  y numerosa acogida que se constató en la nutrida participación de delegaciones de: Argelia, Patía, Piendamó, Cajibío, Totoró, La Vega, Caldono, Patía, Piendamó, Silvia, Miranda, Corinto, Caloto, Inzá, Región del Naya, Toribío  y de los diferentes barrios de Popayán.

Se escucharon variadas intervenciones, importantes análisis y movilizadoras propuestas desde las diferentes comunidades, que expresaron el sentir y el afán de encontrar salidas concretas a la crítica situación que se presenta con los servicios públicos representada en el pésimo servicio, abusos por parte de las empresas  y altísimas  tarifas de energía y acueducto.

Desde los Municipios y barrios de Popayán se acuerda:

1.-Crear las comisiones de Trabajo y Seguimiento que garanticen el cumplimiento de las tareas acordadas en el presente Cabildo Abierto.

2.-Desarrollar todas las actividades que se requieran tendientes a lograr la devolución de las  hidroeléctricas a las comunidades.

3.-Exigir la rendición de cuentas inmediata a las autoridades gubernamentales y  a las empresas privadas que las controlan acerca de   la energía generada y el dinero producido en los últimos cincuenta años por estas generadoras, incluyendo la hidroeléctrica de la Salvajina.

4.-Derrrotar  la política de privatización del Gobierno nacional, departamental y municipal a través de los PDAs (planes departamentales de agua) contra los acueductos comunitarios y veredales mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria autónoma del gobierno, democrática y asamblearia, articulada coordinadamente con el  movimiento social y popular de departamento.

5.-Movilizarnos desde los municipios y veredas del departamento ante cualquier intento por parte de la Compañía energética de Occidente de embargar a algún usuario de la Resistencia Civil.

6.- Movilizarnos desde los municipios y veredas del departamento ante cualquier intento por parte de la Compañía energética de Occidente de instalar la red trenzada  o red antifraude.

7.-Oponernos, rechazar y derrotar mediante la Resistencia Civil a las políticas de privatización representada en la creación de nuevos negocios con los servicios públicos cómo  del Aseo en Popayán y demás municipios.

8.-Reiterar nuestra voluntad de seguir ampliando la Resistencia Civil al Pago de la Energía en todo el departamento como política popular frente a las empresas de energía.

Finalmente llamamos a la comunidad de Popayán y el departamento para que le demos continuidad a este proceso de Cabildos desde los municipios  para entre todos construir las propuestas y las salidas a la crisis social que vive nuestro departamento

Solo derrotando el negocio….conquistaremos el derecho a los Servicios Públicos !!!

Popayán, Abril 28 de 2011.

CABILDO ABIERTO SERVICIOS PUBLICOS
MARCHA PATRIOTICA
Mas información

El Liberal
Prensa Rural
Radio Super

Las experiencias de Resistencia Civil al No Pago de la Energía Eléctrica: Mexico




El sistema de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en México está plagado de contradicciones. Datos de la Comisión Federal de Electricidad afirman que la demanda energética del país esta cubierta hasta el año 2017. Sin embargo, la CFE tiene un amplio portafolio de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Estos proyectos adicionales representan un aumento en la capacidad de generación de unos 25,000 MW (megawatts), prácticamente la mitad de la actual capacidad efectiva de generación que es de 51,000 MW. Estos proyectos de generación que incluyen, entre otros, 25 nuevas represas hidroeléctricas y la creación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (unos 5,000 aerogeneradores), están amenazando los territorios de pueblos y comunidades que serían despojados de sus tierras y desplazados para su realización.

Según las investigaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 35% del total de generación eléctrica instalada en México es controlado por empresas transnacionales, particularmente de origen español. Con base en la Ley del Servicio Público, el gobierno federal ha otorgado un total de 671 autorizaciones al capital privado para la generación de energía eléctrica, bajo las modalidades de permisos de generación privada en autoabastecimiento, permisos de co-generación y permisos de producción independiente.

Actualmente, la CFE se encuentra produciendo solamente al 60% de su capacidad total de generación. Por lo tanto, existe una reserva no utilizada de 40%. Irónicamente, esta reserva de generación corresponde precisamente a lo que generan las empresas privadas. Es decir, la CFE tiene la capacidad de cubrir el 100% de la demanda energética nacional, pero busca priorizar que las empresas privadas generen su propia energía. Esta situación denota claramente la tendencia privatizadora de los energéticos del país.

En cuanto al consumo de la energía generada, el sector doméstico, que representa el 88% de los clientes de la CFE, consume apenas el 26% de las ventas de la paraestatal. Contrariamente, el sector industrial, que constituye apenas el 1% de la clientela, consume más de la mitad de la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, debido a las diversas reformas hacendarias llevadas a cabo por Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector industrial recibe grandes subsidios en las tarifas eléctricas, mientras los/as consumidores domésticos siguen padeciendo el alza constante de los recibos de luz.

El descontento popular se organiza

Actualmente, estamos siendo testigos/as de numerosas expresiones de descontento; pequeños y grandes actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad. En las comunidades rurales los pueblos se organizan, en algunos casos, para exigir tarifas justas, y en otros, para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a las altas tarifas de la energía eléctrica. En las ciudades, ante los altos cobros de energía eléctrica en un contexto de crisis económica, una práctica cada vez más recurrente es buscar la forma de "puentear" los medidores de energía, añadiendo un cable al interior de los mismos para que la corriente vaya directamente al fusible sin pasar por el contador. Además, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año se presentan en la Ciudad de México, aproximadamente, 1300 quejas contra Luz y Fuerza del Centro, la mayoría por los altos cobros del servicio.


Así, los pueblos buscan de diferentes maneras, con lo que tienen a su alcance, resistir e insubordinarse ante las agresiones estructurales de un sistema que pauperiza cada vez más su entorno y hace imposible el acceso a los servicios más básicos. En algunas buscando únicamente solucionar la necesidad inmediata y en otras construyendo procesos organizativos regionales. De tal forma, son las contradicciones del sistema energético las que han generado movimientos amplios y diversos en rechazo al modelo neoliberal en México.

A manera de conclusión

El territorio es mucho más que un pedazo de tierra para sembrar; ocupa un lugar que va más allá de las políticas neoliberales que pretenden convertirlo en un elemento más dentro del juego de la economía de la compra-venta. El territorio representa el fortalecimiento de las identidades, redes comunitarias y organizaciones internas, que garantizan la supervivencia y reproducción de los pueblos. Pero además es un espacio dónde tienen representación una serie de derechos y que garantiza el accionar de la autonomía. Con las capacitaciones técnicas en el manejo de la energía eléctrica, se adquirió un conocimiento práctico sumamente valioso y esperanzador. Al saber mantener la red de suministro de energía eléctrica, las comunidades han fortalecido el sentimiento de pertenencia de un servicio, que se vuelve, en la práctica, propiedad de los pueblos. La energía eléctrica, además de un derecho humano, se torna, entonces, una parte del territorio, entendido como algo mucho más que la tierra; concebido como un espacio dónde tiene representación la práctica de la libre determinación.

¿Qué hay en el fondo de la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica? ¿Es tan sólo una renuencia al pago o una convicción política? ¿Entraña un cuestionamiento estructural o es simplemente el hecho de no poder pagar?

Existen diversas maneras de entender la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica. En algunas ocasiones las personas no pagan porque simplemente no pueden hacerlo, debido a las condiciones económicas imperantes para la mayoría de la población. En otras ocasiones, las comunidades se organizan en la exigencia de una tarifa justa; en otras tantas, el no pago se convierte en mecanismo de presión política. Pero en otras muchas va más allá y se erige como la puesta en práctica de la autonomía y libre determinación de los pueblos. Un cuestionamiento al Estado capitalista, racista, patriarcal y neocolonial que se sustenta como el poderoso y con base en una serie de condiciones históricas, culturales y económicas, oprime y subordina a la población en general y a los pueblos campesinos e indígenas en particular. Entonces, como el estado es el patriarca, el que manda, el que garantiza, los pueblos deben sostenerle el mandato a través de, entre otras cosas, el pago a los servicios básicos, aunque sean de mala calidad, aunque sean repartidos a conveniencia y de forma discriminatoria, aunque contengan de fondo los intereses más oscuros del sistema.

Porque los pueblos en resistencia conocen perfectamente el funcionamiento del sistema; lo conocen porque viven sus efectos todos los días: "si nosotros seguimos creyendo en un gobierno que está al servicio del capital, estamos perdiendo tiempo. ¿Como voy a pagarle a CFE si ese dinero es para financiar a las grandes empresas privadas?"

Hablamos entonces de un movimiento real de insubordinación contra el Estado. Un estado que exige como si fuera legítimo y privatiza los derechos humanos elementales. Ante un descontento que se generaliza, que se articula y que comienza a abrir espacios claros de empoderamiento y organización, al Estado no le queda más que utilizar su única arma: la criminalización de la protesta social. Los movimientos de resistencia civil al no pago de las altas tarifas de energía eléctrica, ya comenzaron a vivirlo. La demanda penal contra los compañeros y compañeras de Campeche es tan sólo uno de los ejemplos.

Entrevista sobre la resistencia y el no pago de energia en Mexico