XALAPA, Ver. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Red Nacional de Resistencia Civil por las Altas Tarifas de Energía Eléctrica acordaron revisar los más de cien casos de persecución penal y política contra inconformes con los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En una minuta, firmada por el director de la Unidad de Gobierno de la Segob, Carlos Armando Reynoso, la dependencia se comprometió a investigar los abusos que han sufrido activistas contra las altas tarifas de la CFE, informó José Antonio Lara, de la Red de Resistencia Civil.
La instalación de la mesa de diálogo entre los manifestantes y las autoridades de la Segob coronó una jornada de bloqueos carreteros y protestas en al menos 10 entidades del país.
Carlos Beas Torres, representante de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), calificó de “exitosa” esta jornada de protesta, luego de tres años de lucha contra los altos cobros y los cortes unilaterales de servicio por parte de la paraestatal.
En el caso de Oaxaca, dijo que después de ocho horas de bloquear la carretera transístmica y de tomar las oficinas regionales de la CFE en Estación Sarabia y Juchitán, los inconformes acordaron levantar la protesta en espera de los resultados de la mesa de negociación.
Explicó que el conflicto ha motivado que diferentes comunidades se hayan declarado en “huelga de pagos”, razón por la que se ha llegado a la confrontación, debido a que la CFE se hace acompañar de militares para realizar los cortes del servicio.
En el caso de Oaxaca, hay inconformidad en las comunidades de Santa María Xadani, Álvaro Obregón, San Juan Guchicovi, La Esmeralda Chimalapa, Salina Cruz, Ixtepec y Matías Romero.
Sin embargo, es en Xadani, La Revolución y Brena Torres, perteneciente a San Juan Guichicovi y San José del Paraíso Tehuantepec, donde se ha declarado la huelga de pagos.
Sólo en Matías Romero hay unas 300 denuncias por cobros excesivos en los recibos de luz, donde hay particulares a los que les han cortado el servicio porque se han negado a pagar hasta 27 mil pesos.
Además, en Oaxaca existen entre seis o siete denuncias y órdenes de aprehensión libradas en contra de vecinos de Ixtepec, Juchitán y Madani.
Un caso es la detención de la activista Betina Cruz Velásquez, quien fue encarcelada y más tarde logró su libertad bajo fianza.
En otras entidades, como Chiapas, dijo Beas Torres, hay 78 municipios en resistencia civil contra la CFE, por abusos cometidos particularmente contra indígenas.
Las protestas iniciaron a partir de las 8:00 horas, cuando unas 59 comunidades del Istmo bloquearon la carretera transístmica a la altura de la desviación a Boca del Monte y cerraron la oficina regional de la CFE en Estación Sarabia.
En Campeche también se realizó un bloqueo intermitente en la carretera internacional, a la altura del entronque Candelaria.
En paralelo, se realizó una marcha en la Ciudad de México, que culminó frente a Gobernación y la instalación de la mesa de diálogo.
Mientras que en Comitán, Mitzitón, Catazajá y Motozintla, en Chiapas, se realizaron bloqueos a oficinas de la CFE; en tanto que en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero fue bloqueada la carretera costera y fueron ocupadas oficinas de la CFE, al igual que en Veracruz, Puebla y Chihuahua.
En el Distrito Federal, las movilizaciones coincidieron con la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que bloqueó Paseo de la Reforma, el princial corredor vial de la urbe.
En Veracruz, unos mil 800 residentes de municipios del sur de la entidad, en particular de la región indígena de Soteapan, cerraron el paso a la carretera a la altura de la colonia El Naranjito, municipio de Cosoleacaque.
En su protesta, pobladores de comunidades indígenas, de colonias populares y organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades de la CFE poner “alto” a la criminalización de los actos de resistencia por las alza tarifas de energía eléctrica.
Tras el cierre del paso de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, arribaron elementos de Seguridad Pública estatal y de la Policía Federal; sin embargo, hasta el mediodía los manifestantes no habían reportado actos de represión en su contra, ya que además realizaron un plantón frente a las oficinas de la CFE en Coatzacoalcos.
Los inconformes también demandaron a las autoridades dejar de hostigar y amenazar a quienes han participado en las movilizaciones y liberar a sus compañeros encarcelados por ese motivo, sobre todo, en los estados de Campeche y Chiapas.
La Red reprochó a las autoridades por haber “criminalizado” desde 2009 la protesta social y la lucha por una tarifa justa, con la detención de varios “compañeros de Campeche”, y desde entonces, “se dio una oleada de integraciones previas por diversos delitos, como el robo de fluido eléctrico, privación ilegal de la libertad, obstrucción de un servicio público y ataques a las vías de comunicación”.
Durante ese periodo, denunció, han sido encarcelados 12 extrabajadores del SME y, en Chiapas, están en la cárcel Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Alejandro Santis, Enrique Gómez Hernández y Alberto Patishtan, de quienes exigieron su liberación.
En un comunicado, denunció que desde noviembre de 2011 “empezó a recrudecerse la represión” contra la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, con detenciones en Oaxaca, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Veracruz.
Además, subrayó, “hemos sufrido una serie de amenazas, hostigamiento por parte de la CFE en nuestras comunidades en resistencia en donde han realizado cortes de luz, desmantelamiento de líneas del tendido eléctrico, imposición de medidores digitales y existencia en el cobro de recibos excesivos”.
En el sur de Veracruz, donde colonos y pobladores de municipios como Cosoleacaque, Tatahuicapan, Soteapan, Pajapan, Zaragoza, Minatitlán, Jáltipan y Coatzacoalcos forman parte de este movimiento, refirió, la CFE ha implementado e instalado un equipo de control satelital “para provocar apagones a distancia, dejando sin luz a las comunidades”.
“Cada día vienen aumentando más los cobros de la energía eléctrica lo que los ha vuelto impagables, generando mayor indignación e inconformidad en las comunidades de todo el país que se han manifestado por el no pago de la luz hasta en tanto haya una tarifa justa por este servicio”, acusó el colectivo.
En el cierre de la carretera federal Cosoleacaque-Nuevo Teapa participaron comités municipales de defensa contra las tarifas eléctricas de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán, Nanchital y de comunidades indígenas de la Sierra de Soteapan, asociaciones civiles y campesinas del sur de la entidad, entre otros.
tomado de: http://www.proceso.com.mx/?p=302693
