Vivimos en un país y
un departamento con una oligarquía de espaldas a sus comunidades, volcado hacia
los intereses de las voraces transnacionales, siguiendo al pie de la letra las
orientaciones neoliberales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, mientras
empobrece cada día más al pueblo.
No han
terminado de apagarse los ecos del paro
cafetero, que tuvo en el Cauca una de las expresiones más combativas y
beligerantes; donde participamos indígenas, campesinos, afros, sectores urbanos
y populares. La solidaridad esta vez, no fue solo de comunicados o palmaditas
en el hombro, las organizaciones sociales-populares y las comunidades de todo
el departamento, nos sumamos en respaldo práctico a un paro que desbordó hasta
sus dirigentes y que nos sorprendió gratamente a todos.
El
capitalismo mundial en crisis permanente desde hace 500 años, vive hoy una de
las más grandes hecatombes desde su aparición, de la cual pretende salir,
arrasando con las mínimas condiciones de subsistencia de la población
empobrecida. Las conquistas sociales que ganaron los trabajadores de todo el
mundo a principios del siglo XX, hoy están siendo desmontadas y reducidas a su mínima expresión por el capitalismo
senil.
Las políticas
neoliberales que se impusieron en el Cauca como en todo el país y Latinoamérica,
están privatizando absolutamente todo. Somos uno de los departamentos con más
títulos mineros, amenazando nuestros
recursos naturales y medio ambiente.
A nivel del
cauca rural, pobreza y miseria[1]
campean, de la mano de la represión organizada y orquestada desde el Estado.
Nuestras comunidades se han visto obligadas históricamente a recurrir a los
cultivos “proscritos”, para no morirse de hambre. La política Estatal de
“sustitución de cultivos” ofende nuestra inteligencia cuando pretende que
compitamos en el libre mercado capitalista -que no es libre porque está
controlado por las transnacionales- con los supermercados de grandes
superficies, Éxito, Carrefour, olímpica, con Alpina, Cartón de Colombia, etc., sin recursos, ni tierras fértiles, sometidos
al monopolio multinacional de abonos y fertilizantes; con una banca
transnacionalizada que bloquea cualquier acceso a verdaderos créditos de
fomento y sin posibilidad real de utilizar la energía eléctrica por sus
altísimos costos cuando de producir se trata. Son todas estas razones y muchas
otras, las que explican los elevados y vergonzosos índices de pobreza e
indigencia de nuestra región.
El pueblo
caucano ha respondido a todas estas injusticias con la movilización y la construcción
de política popular, para enfrentar y derrotar estas “políticas públicas”
antidemocráticas y hambreadoras. Desde las veredas y municipios, las
comunidades vienen organizándose para impedir que la formalización jurídica e
institucional termine privatizando sus acueductos comunitarios, bajo la férula
del Plan departamental de aguas y la Superintendencia de servicios públicos. Tampoco
se están permitiendo la construcción de una sola hidroeléctrica en nuestro
departamento, hasta tanto nos devuelvan las que hoy están en manos privadas, empobreciendo
al Cauca.
LA RESISTENCIA CIVIL COMO POLÍTICA POPULAR
La
privatización de los servicios públicos puso en grave peligro la sobrevivencia
de los sectores populares en este departamento. Es el caso de la distribución
de energía eléctrica entregada por el pasado Gobierno de Uribe a la
trasnacional PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE para que se enriqueciera. Esta
privatización niega cualquier
posibilidad de sobrevivencia y progreso de la economía popular. Muchos de nuestros
campesinos en pleno macizo colombiano cocinan con leña a pesar de disponer de
redes de energía eléctrica, poniendo en riesgo y deterioro la conservación
ambiental de la principal estrella hidrográfica del país; tampoco pueden acceder
al gas en cilindros porque sus costos en el sector rural son prohibitivos. La
política popular de la RESISTENCIA CIVIL AL PAGO DE LA ENERGIA, ha permitido ir
accediendo al derecho a la electricidad para
las comunidades rurales, muchas de las
cuales hoy no solo no están pagando las altísimas tarifas y facturas sino que
además están haciendo uso de la energía eléctrica para cocinar y producir, protegiendo
el medio ambiente y potenciando la economía popular.
La trasnacional
PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE ha desarrollado una campaña agresiva de cambio
de medidores de disco por electrónicos, instalación de red trenzada antirrobo
de energía, etc., para impedir que los usuarios se reconecten y para aumentar
sus ganancias mediante visitas “técnicas” que le permiten hacer cobros millonarios
denominados “energía dejada de facturar”.
Las
comunidades se han venido organizando desde el año 2010 bajo la COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE LA
RESISTENCIA CIVIL DE LA ENERGÍA Y EL AGUA. Impulsando la política popular
de acceso al servicio de electricidad a como dé lugar y oponiéndose a la
desconexión de los usuarios.
En desarrollo de estas actividades
organizativas el municipio de Popayán realizó la II ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA
CIVIL en el mes de febrero con la participación de 55 barrios y veredas de
Popayán y a nivel departamental el
pasado 20 de marzo, con la asistencia de
delegados de más de 19 municipios y
resguardos indígenas, donde se determinó
entre otras, exigir la salida inmediata de la trasnacional y rechazar la
construcción de nuevas hidroeléctricas en el Cauca.
LAS COMUNIDADES RESISTEN EN
POPAYÁN
Popayán cuna
histórica de la burguesía y oligarquía criollas, ostenta las primeras cifras de
desempleo y miseria del país, donde se continua con la implementación de las ya
obsoletas políticas de privatización, es hoy escenario del movimiento de la
RESISTENCIA CIVIL. La lucha se desarrolla en los barrios populares, que se resisten a las medidas de la
Energética de Occidente, oponiéndose al
cambio de medidores, la instalación de la red trenzada y el corte del servicio,
bajo la orientación política de la Asociación
Comunitaria por el Derecho a los Servicios Públicos.
La terquedad
por parte del Estado Colombiano y los gobiernos de turno que continúan negándose a reconocer el
derecho al mínimo vital de agua, establecido en las resoluciones de la Asamblea
de las Naciones Unidas, ha llevado a que
la RESISTENCIA CIVIL se extienda también al servicio del agua y
contra la Empresa de Acueducto de
Popayán, Fortín politiquero de los dinosáuricos gamonales. En esta empresa
confluyen además otros conflictos sociales como el de las basuras, entregado en
concesión a 15 años por el alcalde Navia, en el año 2011.Como excusa se
argumentó en su momento la necesidad de adquirir y adecuar un sitio para la
disposición final de las basuras, ante la supuesta incapacidad financiera del
Municipio.
El 29 de mayo
de 2012, la población de la zona de influencia no aguantó más la contaminación
y cerró la entrada al botadero de
basuras; el 12 de octubre, ante el incumplimiento de los compromisos del
gobierno Municipal, nuevamente se bloqueó el acceso a SERVIASEO. Esta vez la
comunidad, ante el hostigamiento del ESMAD de la policía, actuó consecuentemente
y después de tres días de
enfrentamientos firmó un acuerdo para sellar definitivamente este foco de
contaminación, el próximo 6 de abril.
Los barrios
populares de Popayán van aprendiendo que solamente mediante la lucha organizada y la movilización
comunitaria, se conquistan los derechos y que es urgente derrotar en las calles,
las políticas neoliberales de privatización, que como en el caso del ASEO hacen
parte de una especie de cartel de las
basuras a nivel nacional, generando
gigantescas utilidades que se traducen en altísimas facturas imposibles de pagar.
Están por
iniciarse el próximo 1° de abril, las obras del PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD de
Popayán[2],
desarrollo del programa “ciudades amables” del Banco Mundial
y ya se anuncian los primeros enfrentamientos con los habitantes de los barrios
populares del llamado centro histórico. De manera inconsulta y antidemocrática, se trata de imponer este
plan Maestro para cumplir con las exigencias de los inversionistas , del turismo y la oligarquía inmobiliaria; la
misma burguesía que tiene el metro cuadrado por las nubes y que impide en la
práctica cualquier posibilidad de construir vivienda popular.
La consecuencia
inmediata de dicho plan, es la quiebra generalizada
de los negocios del rebusque, durante el año de ejecución de estas obras:
tiendas, salones de belleza, talleres de motos, panaderías, plaza de mercado, ferreterías,
etc., es decir la economía popular. Además, las
familias antiguas que aun resisten al alto costo de los servicios
públicos, al impagable impuesto predial y a la nueva estratificación, gracias
al arriendo de una parte de sus viviendas como medio de sostenimiento, se verán
obligadas a resistir o vender finalmente con el consecuente desplazamiento
urbano.
Ante esta
emergencia social, la tarea de los movimientos y organizaciones, es continuar construyendo
política popular al lado de las comunidades, entendiendo que la lucha sectaria y
mezquina no es la salida. Debemos integrar nuestras propuestas y luchas; es
responsabilidad del movimiento social concebir las políticas populares más universales
posibles; solo así construiremos la más grande organización, acorde con el reto
que significa alcanzar una sociedad justa, democrática y con justicia social.
Marzo 27 de
2013
Hugo Oviedo-Asociación Comunitaria de Servicios
Públicos de Popayán
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