PLATAFORMA POLITICA DE LA COORDINADORA DE LA ENERGIA
La arremetida Neoliberal en los servicios Públicos está representada hoy, en el saqueo de las regiones a través de los Carteles de la energía y del Agua
La crisis capitalista y sus consecuencias en Latinoamérica.
La crisis capitalista, continúa expandiéndose como en la gran depresión de los años 30. La década del noventa, vio un transitorio y aparente fortalecimiento de este modelo neoliberal de acumulación capitalista, pero hoy este modelo sobrevive a su crisis con la ayuda de gigantescas inyecciones de capital desde los ahorros y presupuestos públicos; con medidas de ajuste a nivel global que representan un nuevo ataque a las ya precarias condiciones de vida de la población trabajadora y empobrecida.
La búsqueda incesante de mayores, rápidas y fáciles ganancias para salir de la crisis capitalista, hacen de Latinoamérica un escenario de conquista y pillaje para las multinacionales, de la mano de las lumpen-burguesías mal llamadas oligarquías nacionales.
El discurso de la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en boga por parte de los gobiernos de turno es un intento por crear un consenso mediático para legitimar el saqueo; se constituye en sofisma encubridor frente a los procesos de privatización entendidos como entrega de recursos naturales, ciudades-mercancía, patrimonio y presupuestos públicos a inversionistas de todos los pelambres.
Hoy podemos afirmar que no alcanza el discurso “por la defensa de las empresas públicas” porque su naturaleza jurídica poco importa a la clase capitalista, la “Empresa” pública o privada igual produce ganancias y facilita el desarrollo estratégico de los negocios.
Tal es el caso de EPM, modelo de Empresa pública quien a pesar de obtener ganancias de un billón 700.000 millones en el 2009, arrebatados al pueblo, mantiene a mas de 200.000 desconectados y 60.000 usuarios con medidores prepago.EPM hace parte y contribuye a consolidar estratégicamente el CARTEL DE LA ENERGIA, fortín de las multinacionales, Cartel que controla el Mercado Mayorista y la generación eléctrica en el país.
Las constituciones neoliberales latinoamericanas modeladas en los 80´s y los 90´s por el Banco Mundial garantizan que se constituyan estas mafias o carteles, promoviendo la concentración y centralización de las actividades más rentables del capitalismo. Organizaciones como la ARIAE (Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía) Y ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Agua para las Américas) crearon estrategias de promoción de la inversión privada en los servicios públicos, diseñaron modelos, leyes, normas y formulas tarifarias, para controlar las fuentes de energía y agua. Aunque las multinacionales no tienen patria, como capital globalizado, España como en el siglo XVI, está a la cabeza de este proceso; no solamente en cuanto a inversión y regulación sino en la formación profesional de “cuadros técnicos” (en realidad cuadros políticos) para la nueva fase de acumulación capitalista.
Pero también del lado popular, avanzan las resistencias. El movimiento social Boliviano, dio ejemplo con su guerra del agua; El sur y centro de México es un escenario de lucha y campo de batalla donde el pueblo ha logrado conquistar el derecho al servicio de energía, a pesar de la represión, el cerco del gobierno y de sus paramilitares.
El Cauca en Colombia también se atrevió a desafiar el CARTEL DE LA ENERGÍA, creado a partir de la Constitución neoliberal de 1991.
Miles de los mal llamados “clientes” reclaman hoy por el derecho a disfrutar la energía y las comunidades han decidido que no pagarán las altísimas facturas expedidas por la electrificadora, que no entregarán un peso para alimentar el negocio del CARTEL DE LA ENERGÍA. Pero también se han organizado comunitariamente para no permitir el corte del servicio.
La comunidad de los sectores populares principalmente, ha venido comprendiendo que solo recuperando nuestras fuentes de generación de energía, expropiadas por las leyes neoliberales de los últimos, gobiernos podremos aspirar a mejorar las condiciones de vida y abrir el camino para la superación del capitalismo.
Esta lucha que empezó como una reclamación por las tarifas continuará avanzando hasta la recuperación de todos los derechos fundamentales, como salud, educación y entre ellos la recuperación del control del territorio y del agua.
EL CARTEL DE LA ENERGIA Y EL SAQUEO POR PARTE DE LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS A LAS REGIONES.
De la mano de la constitución de 1991, se estableció en primer lugar que los servicio de energía y agua se prestarían a titulo oneroso, es decir todo el mundo tendría que pagar –con lo cual los colegios, escuelas, hospitales públicos e inclusive los salones comunales y polideportivos están obligados a pagar servicios públicos- y en segundo lugar se crearon las condiciones políticas y desde luego jurídicas para que los inversionistas, entre ellos el español entrara pisando duro al mercado mayorista y la bolsa de la energía. Esta figura inspirada en las doctrinas neoliberales de los chicago Boys chilenos a finales de los setentas, aplicada por los gobiernos latinoamericanos, garantiza la centralización y la concentración de toda la generación de electricidad de las regiones del país en pocas manos.
Hacia delante mediante la política de subastas de cargos por confiabilidad, (un subsidio al inversionista pagado por los usuarios con tarifas altas[1]) se le facilitará a las multinacionales especialmente españolas -Fenosa y Emgesa - construir hidroeléctricas. Recordemos que ya en los noventa habían comprado gran parte de la infraestructura existente precios de remate.
Papel importante y central cumple en esta tarea la ARIAE (Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía) creada y promovida por el Banco Mundial y España[2].
Mediante la política organizadora de la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) es decir la ARIAE-Colombiana, en el año de 1995 se creó el Mercado Mayorista de energía, con sede en Medellín. Casi toda la energía que se produce en el país se transa a través de este mercado, que opera como una bolsa de valores, permitiendo la compra y venta de energía a futuros, a precios internacionales, en dólares como ocurre con el petróleo. Significa esto que la energía que pagamos los usuarios tiene un precio que nada tiene que ver con los costos de producción y más bien depende de las expectativas de ganancias futuras en dólares o euros de las multinacionales, en este caso españolas, es lo que llamamos el CARTEL DE LA ENERGIA, quien en realidad controlan política, financiera y logísticamente la energía del país.
Ningún departamento o municipio en Colombia (como ocurre en casi toda Latinoamérica), puede utilizar la energía que produce en su región y en cambio se ve obligado por las leyes del gobierno nacional a comprar la electricidad que requiera en Medellín, a través del Mercado Mayorista (MEM) y la Bolsa de Energía.
ELEMENTOS POLITICOS Y ACUERDOS MINIMOS EN LA LUCHA POR EL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS.
Los elementos políticos principales de la lucha por el derecho a los servicios públicos se podrían resumir en:
· Plantearnos el problema desde la perspectiva de la crisis capitalista en marcha, entendida como una crisis política, financiera, energética y hegemónica, que recurrirá al pueblo para solucionar su encrucijada, con lo cual debemos esperar que se vuelva más critica la situación de los sectores populares, especialmente en sus condiciones de vida : perdida de las posibilidades de empleo, empobrecimiento y desplazamiento urbano con procesos de reestratificación , persecución a los vendedores ambulantes, mototaxistas, empeoramiento del problema de la vivienda, profundización de la privatización y saqueo de los servicios públicos con atropellos , abusos y elevación de las tarifas.
· Debemos organizar nuestra lucha en torno a propuestas que incluyan la mayor parte de la problemática social, que incluyan ojalá la totalidad de los sectores, de tal suerte que nos permita desde el principio darle una articulación con los demás procesos de resistencia municipal, departamental, regional y nacional.
· Nuestras propuestas deben crear organización extra-institucional- organización directa de la comunidad- , con políticas populares que ataquen la esencia del problema, tal como la lucha contra el CARTEL DE LA ENERGIA, que confronta directamente al negocio.
· No dejarnos confundir cuando hablamos de defender lo público, porque el capitalismo ya ha incorporado y resignificado nuestras consignas, las ha reelaborado y ha creado nuevas estrategias y variantes para mantener lo estatal, mientras garantiza la continuidad del negocio.
· Se debe abrir el debate frente a la defensa de las Empresas públicas Vs entidades públicas, las primeras son empresas capitalistas que buscan generar ganancias a costa de los derechos del pueblo. El argumento de los gobiernos es que estas utilidades se revertirán finalmente en inversión pública en obras, por ejemplo.
· Se debe mantener la organización comunitaria en el manejo de los servicios públicos como ocurre con los acueductos comunitarios que se resisten a la constitución del Cartel del Agua, a través de la conformación de verdaderas organizaciones populares con autonomía política frente al gobierno y las empresas de servicio públicos. No se puede permitir que los acueductos comunitarios adopten la forma empresarial y la sigla ESP, porque se empezará a perder la batalla y por lo tanto es tarea urgente revertir estos procesos.
· Es urgente crear formas de resistencia que permitan acceder a los derechos fundamentales, creando mecanismos jurídicos y sobretodo comunitarios como las alarmas, los pitos, los pasacalles, los comités de reacción por cuadras o barrios en las ciudades y por veredas en el campo. Aunque en principio esta estrategia es válida para la energía y el agua, sería importante que estas mismas figuras se ampliaran a la lucha por el espacio público o la atención en salud.
LA RESISTENCIA CIVIL FRENTE A LAS ELEVADAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
La lucha por las tarifas justas ha sido manejada por los diferentes gobiernos con estrategias como la instalación de mesas de negociación sectoriales y alivios transitorios mientras baja la marea. Una vez que las aguas se han calmado, de una forma sutil o a veces descaradas, las vuelven a subir.
Revisando estas experiencias acumuladas y entendiendo que la política neoliberal de servicios públicos es la misma en casi toda Latinoamérica, hemos recogido las experiencias acumuladas del movimiento popular en México y Bolivia, sin caer en esquematismos ni copia mecánica de los procesos, teniendo en cuenta nuestras particularidades políticas y sociales.
Atrevernos a discutir y cuestionar el negocio del CARTEL DE LA ENERGIA es un paso gigantesco en el camino de la conquista del derecho a la energía.
Desde hace muchos años, los sectores populares vienen haciendo una resistencia silenciosa, la mas de las veces, de forma individual, no pagando y reconectando el servicio de energía y acueducto cuando le son suspendidos por las empresas. La RESISTENCIA CIVIL retoma estos esfuerzos y practicas populares para organizarlas y articularlas en un movimiento con unos objetivos abarcadores de largo aliento.
Se trata de construir una política popular que nos permita por un lado acceder a la energía y el agua, impidiendo la suspensión, utilizando medios jurídicos y de organización de la comunidad.
Esta política nos debe permitir cuestionar en el Cauca, por ejemplo, porque la toda energía es saqueada en nuestras narices por el CARTEL DE LA ENERGÍA, obligándonos a comprarla en el mercado Mayorista a precios especulativos propios de un mercado monopolista.
También nos debe permitir cuestionarnos el hecho que los sectores populares Caucanos debemos reprimirnos y contenernos al utilizar la energía, por ejemplo para cocinar. Esta situación es aberrante si tenemos en cuenta que para estos sectores es muy oneroso tener que pagar el recibo de la energía y a la vez el del servicio de gas.
En el sector rural, las comunidades campesinas e indígenas continúan utilizando en su mayoría leña para cocinar a pesar de disponer de energía eléctrica en sus casas, con lo cual se contradice toda la retórica oficial de los proyectos de electrificación para la conservación de ecosistema del macizo colombiano.
Justamente la política popular de la RESISTENCIA CIVIL debe señalar el camino para cambiar esta situación; mejorar nuestras condiciones de vida utilizando la energía eléctrica como recurso básico en la cocción y conservación de nuestros alimentos y reivindicar su conexión con la salud (superar la angustia por el pago de las altas facturas) , el derecho a la información (utilización del radio y la televisión) y a la educación (tener luz para que nuestros niños puedan hacer sus tareas, etc.) como derechos fundamentales.
A nivel rural, es urgente reclamar la utilización amplia de la energía eléctrica a precios mínimos, como política para una conservación real -y no como demagogia estatal del medio ambiente-, para no tocar nuestros bosques.
Atrevernos a no pagar, pero tampoco permitir la suspensión del servicio es en principio conquistar el derecho al servicio de energía, es avanzar en el camino por el control comunitario de nuestras fuentes de producción y distribución de electricidad.
En las comunidades rurales especialmente las comunidades indígenas es mucho más viable la RESISTENCIA CIVIL, recordemos que sus territorios colectivos son inembargables.
[1] Hasta 2006 se llamaba cargo por capacidad .Mediante este mecanismo se le entregaron en diez años U.S. 5.000 millones en subsidios directos al cartel de la generación.
[2] De la justificación de la ayuda a Colombia por parte de las agencias de colaboración españolas y sus ONGs, por ejemplo a través de los Laboratorios de Paz.
