La trasnacional PROMIGAS, alias “ENERGÉTICA DE OCCIDENTE”, una vez más
recurre a los abusos, intimidaciones y embargos
para obligar a los usuarios a cancelar impagables deudas fruto de las altísimas y especulativas tarifas de energía que hoy tienen a los caucanos empobrecidos en emergencia social.
En una nueva y
desesperada estrategia para garantizar
el recaudo y aumentar sus ganancias la
trasnacional Energética ha venido visitando y llamando telefónicamente a los
usuarios de los barrios populares con el propósito de obligarlos mediante el
chantaje y la intimidación a que firmen leoninos acuerdos de pago so pena de embargarlos judicialmente,
amenazas que ya se están concretando en el embargo de los muebles y enseres de
nuestras familias.
Este
atrevimiento en materia de servicios públicos nunca se había presentado en el
Cauca, pero gracias a las políticas públicas de privatización de los últimos
gobiernos neoliberales quienes trajeron al departamento las empresas y las
trasnacionales se volverá cotidiano que los usuarios de los sectores populares
para acceder a nuestros derechos fundamentales
nos veamos obligados a pagar
cuotas como si fueran hipotecas a diez
(10) años, con la amenaza permanente no solo de la suspensión del servicio sino
del embargo de nuestros bienes.
Como
comunidades debemos hacerle frente a estas pretensiones y amenazas con voluntad, decisión colectiva y
comunitaria, no podemos caer en la trampa de la defensa individual, debemos recurrir a la
estrategia colectiva y organizada. El movimiento de RESISTENCIA CIVIL colectivamente ha probado su efectividad en estos
dos años largos, impidiendo que se corte el servicio o reconectándolo,
deteniendo la imposición de la red
trenzada y el cambio de medidores y haciéndole frente a los abusos de la
energética con los cobros de energía
dejada de facturar.
La RESISTENCIA CIVIL comunitaria como política popular que defiende y busca recuperar
para el pueblo sus derechos vitales como
la energía, el agua, la vivienda, el ambiente sano, la
salud, etc., no puede permitir que esta situación se repita y menos que continúe imponiéndose en nuestros territorios.
Llamamos a la ciudadanía en general, a las
organizaciones sociales y populares, a los compañeros coordinadores de barrio,
vereda, etc., a movilizar las comunidades en defensa de nuestros derechos;
alertando acerca de las medidas que viene tomando la trasnacional, orientando
para que no se firmen documentos que no entendemos y de los cuales son
conocemos su alcance y las consecuencias económicas y jurídicas como los convenios de pago que no solucionan el problema y en cambio nos
dejan expuestos a cobros jurídicos y a
embargos.
Popayán,
octubre 12 de 2012
ASOCIACIÓN COMUNITARIA POR EL DERECHO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
