El sistema de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en México está plagado de contradicciones. Datos de la Comisión Federal de Electricidad afirman que la demanda energética del país esta cubierta hasta el año 2017. Sin embargo, la CFE tiene un amplio portafolio de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Estos proyectos adicionales representan un aumento en la capacidad de generación de unos 25,000 MW (megawatts), prácticamente la mitad de la actual capacidad efectiva de generación que es de 51,000 MW. Estos proyectos de generación que incluyen, entre otros, 25 nuevas represas hidroeléctricas y la creación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (unos 5,000 aerogeneradores), están amenazando los territorios de pueblos y comunidades que serían despojados de sus tierras y desplazados para su realización.
Según las investigaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 35% del total de generación eléctrica instalada en México es controlado por empresas transnacionales, particularmente de origen español. Con base en la Ley del Servicio Público, el gobierno federal ha otorgado un total de 671 autorizaciones al capital privado para la generación de energía eléctrica, bajo las modalidades de permisos de generación privada en autoabastecimiento, permisos de co-generación y permisos de producción independiente.
Actualmente, la CFE se encuentra produciendo solamente al 60% de su capacidad total de generación. Por lo tanto, existe una reserva no utilizada de 40%. Irónicamente, esta reserva de generación corresponde precisamente a lo que generan las empresas privadas. Es decir, la CFE tiene la capacidad de cubrir el 100% de la demanda energética nacional, pero busca priorizar que las empresas privadas generen su propia energía. Esta situación denota claramente la tendencia privatizadora de los energéticos del país.
En cuanto al consumo de la energía generada, el sector doméstico, que representa el 88% de los clientes de la CFE, consume apenas el 26% de las ventas de la paraestatal. Contrariamente, el sector industrial, que constituye apenas el 1% de la clientela, consume más de la mitad de la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, debido a las diversas reformas hacendarias llevadas a cabo por Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector industrial recibe grandes subsidios en las tarifas eléctricas, mientras los/as consumidores domésticos siguen padeciendo el alza constante de los recibos de luz.
El descontento popular se organiza
Actualmente, estamos siendo testigos/as de numerosas expresiones de descontento; pequeños y grandes actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad. En las comunidades rurales los pueblos se organizan, en algunos casos, para exigir tarifas justas, y en otros, para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a las altas tarifas de la energía eléctrica. En las ciudades, ante los altos cobros de energía eléctrica en un contexto de crisis económica, una práctica cada vez más recurrente es buscar la forma de "puentear" los medidores de energía, añadiendo un cable al interior de los mismos para que la corriente vaya directamente al fusible sin pasar por el contador. Además, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año se presentan en la Ciudad de México, aproximadamente, 1300 quejas contra Luz y Fuerza del Centro, la mayoría por los altos cobros del servicio.
Así, los pueblos buscan de diferentes maneras, con lo que tienen a su alcance, resistir e insubordinarse ante las agresiones estructurales de un sistema que pauperiza cada vez más su entorno y hace imposible el acceso a los servicios más básicos. En algunas buscando únicamente solucionar la necesidad inmediata y en otras construyendo procesos organizativos regionales. De tal forma, son las contradicciones del sistema energético las que han generado movimientos amplios y diversos en rechazo al modelo neoliberal en México.
A manera de conclusión
El territorio es mucho más que un pedazo de tierra para sembrar; ocupa un lugar que va más allá de las políticas neoliberales que pretenden convertirlo en un elemento más dentro del juego de la economía de la compra-venta. El territorio representa el fortalecimiento de las identidades, redes comunitarias y organizaciones internas, que garantizan la supervivencia y reproducción de los pueblos. Pero además es un espacio dónde tienen representación una serie de derechos y que garantiza el accionar de la autonomía. Con las capacitaciones técnicas en el manejo de la energía eléctrica, se adquirió un conocimiento práctico sumamente valioso y esperanzador. Al saber mantener la red de suministro de energía eléctrica, las comunidades han fortalecido el sentimiento de pertenencia de un servicio, que se vuelve, en la práctica, propiedad de los pueblos. La energía eléctrica, además de un derecho humano, se torna, entonces, una parte del territorio, entendido como algo mucho más que la tierra; concebido como un espacio dónde tiene representación la práctica de la libre determinación.
¿Qué hay en el fondo de la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica? ¿Es tan sólo una renuencia al pago o una convicción política? ¿Entraña un cuestionamiento estructural o es simplemente el hecho de no poder pagar?
Existen diversas maneras de entender la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica. En algunas ocasiones las personas no pagan porque simplemente no pueden hacerlo, debido a las condiciones económicas imperantes para la mayoría de la población. En otras ocasiones, las comunidades se organizan en la exigencia de una tarifa justa; en otras tantas, el no pago se convierte en mecanismo de presión política. Pero en otras muchas va más allá y se erige como la puesta en práctica de la autonomía y libre determinación de los pueblos. Un cuestionamiento al Estado capitalista, racista, patriarcal y neocolonial que se sustenta como el poderoso y con base en una serie de condiciones históricas, culturales y económicas, oprime y subordina a la población en general y a los pueblos campesinos e indígenas en particular. Entonces, como el estado es el patriarca, el que manda, el que garantiza, los pueblos deben sostenerle el mandato a través de, entre otras cosas, el pago a los servicios básicos, aunque sean de mala calidad, aunque sean repartidos a conveniencia y de forma discriminatoria, aunque contengan de fondo los intereses más oscuros del sistema.
Porque los pueblos en resistencia conocen perfectamente el funcionamiento del sistema; lo conocen porque viven sus efectos todos los días: "si nosotros seguimos creyendo en un gobierno que está al servicio del capital, estamos perdiendo tiempo. ¿Como voy a pagarle a CFE si ese dinero es para financiar a las grandes empresas privadas?"
Hablamos entonces de un movimiento real de insubordinación contra el Estado. Un estado que exige como si fuera legítimo y privatiza los derechos humanos elementales. Ante un descontento que se generaliza, que se articula y que comienza a abrir espacios claros de empoderamiento y organización, al Estado no le queda más que utilizar su única arma: la criminalización de la protesta social. Los movimientos de resistencia civil al no pago de las altas tarifas de energía eléctrica, ya comenzaron a vivirlo. La demanda penal contra los compañeros y compañeras de Campeche es tan sólo uno de los ejemplos.
Entrevista sobre la resistencia y el no pago de energia en Mexico
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